Suscribieron en julio un manifiesto titulado “Iglesia que dice No a la LOMCE”, entre ellos la HOAC, la JOC y la Federación de Profesores de enseñanza Religiosa


CARTEL IGLESIA DICE NO  LA LOMCEPor REDACCIÓN /
Un grupo de colectivos eclesiales de la Archidiócesis de Madrid suscribieron el pasado mes de julio un manifiesto en el que exigían la retirada de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), conocida como ‘Ley Wert’. Los grupos firmantes son la HOC y la JOC diocesanas, el Foro Tender Puentes y el de Curas de Madrid, Profesores Cristianos de la Escuela Pública, la Federación Estatal de Profesores de Enseñanza Religiosa (FEPER), Cristianas y Cristianos de Base de Madrid (CCBM) y la Parroquia de San Carlos Borromeo.

Como colectivos cristianos estamos convencidos de la importancia de la educación para el desarrollo integral de las personas, así como para la construcción de una sociedad integradora y compensadora de las desigualdades sociales, económicas y culturales, acorde con los principios universales del Evangelio.

Creemos, al igual que gran parte de la sociedad española, que una educación pública de calidad que permita el acceso de los más necesitados a todos y cada uno de sus niveles y recursos, es la única garantía que una sociedad tiene de que todos sus habitantes van a poder desarrollarse y disfrutar de las mismas oportunidades, independientemente de sus capacidades y de sus recursos sociales, económicos y culturales.

Con estas premisas queremos manifestar nuestro desacuerdo con la LOMCE desde los referentes que para nosotros marcan nuestra preocupación fundamental, las personas implicadas en el hecho educativo, a saber:

El alumnado:

Que es ignorado por la ley en la etapa más temprana de escolarización y la que supone el pilar fundamental sobre el que se construye su éxito educativo posterior, la etapa infantil.

Que se vería sometido a un sistema de reválidas que abre las posibilidades a la segregación y exclusión de aquellos con más necesidades y dificulta la promoción y titulación del alumnado en general.

Al que se le exige una toma de decisiones prematura acerca de su futuro académico y profesional, sin haber alcanzado una necesaria madurez personal y en pleno desarrollo adolescente.

El profesorado:

Del que se pone en duda su capacidad para valorar el progreso educativo al establecerse la necesidad de superar las revalidas para la obtención de títulos académicos, evaluaciones éstas que serían realizadas por agentes externos a la comunidad educativa.

Cuya formación inicial para el ejercicio de su profesión , así como el permanente y continuo reciclaje, no es objeto de atención en una ley de supuesta calidad del sistema educativo, cuando está comprobado que esta formación es una de las piezas claves, necesarias para esa mejora.

Que como claustro ve disminuida su capacidad de toma de decisiones en lo que compete a la organización del centro, ya que su representación en el consejo escolar se reduce a un mero elemento consultivo.

De los que como miembros de equipos directivos no se fomenta su capacidad para tomar decisiones desde un liderazgo compartido, sino que se le atribuirían a la figura del director todas las competencias de un gestor empresarial con poder absoluto para la toma de decisiones.

Las familias

Que verían cómo se pone en peligro su posibilidad para acceder a un sistema educativo público, gratuito y de calidad como eje vertebrador de la educación del país, ya que se abren las puertas a la paulatina privatización del sector, delegando responsabilidades de escolarización total en determinadas etapas, tal y como venimos experimentando en algunas comunidades autónomas.

Que serían tratadas como clientela a la que prestar un servicio sometido a las leyes del mercado y no como ciudadanía a la que se le debe asegurar un derecho fundamental y que sufrirían las consecuencias de una cada vez mayor desigualdad social, entre familias con posibilidades económicas y aquellas más desfavorecidas, en esta ocasión en relación con la educación de sus hijos e hijas.

Cuya participación en la toma de decisiones de la vida del centro como parte implicada de una comunidad educativa, queda relegada a una mera representación consultiva en los consejos escolares.

Pensamos que hay numerosos aspectos del currículo y la estructura del sistema que se proponen en esta ley que favorecen las situaciones antes mencionadas, y que, además, ponen de manifiesto el carácter fuertemente ideológico de la ley como son:

1. Retirada del currículo de ciertas asignaturas como Educación para la ciudadanía o Ciencias del mundo contemporáneo, necesarias para el fortalecimiento de valores de participación ciudadana con espíritu crítico en sociedades democráticas y desarrolladas

2. Mantenimiento de la asignatura de Religión Confesional como materia optativa con carácter evaluable para la obtención de títulos y becas. Proponemos la incorporación de una asignatura sobre el Hecho Religioso con un currículo no confesional de rigor académico, plural, respetuoso y no vinculado a ninguna confesionalidad ni autoridad religiosa, sino académica.

3. Facilidad para la posibilidad de conciertos educativos con instituciones privadas, sin manifestación expresa alguna de una apuesta por el fortalecimiento de la escuela de titularidad pública, por lo que nos tememos el incremento de la primera, incluyendo aquí los centros que tienen como criterio la segregación por sexos, en detrimento de la segunda.

Es por todo esto que como ciudadanos requerimos la retirada de la LOMCE del trámite parlamentario que se desarrolla para su posible implantación. Y como cristianos, miembros de la Iglesia, pedimos a nuestros máximos servidores y representantes que en sus manifestaciones públicas sobre la cuestión educativa tengan en cuenta el interés por el bien común de la sociedad y la diversidad de opiniones y opciones que en relación con el tema educativo conviven en el seno de la Asamblea Universal de cristianos y cristianas.

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