Por BERNARDO PÉREZ ANDREO / Tengo la sensación de que cuando los católicos hablamos del derecho a la vida no se nos entiende muy bien. Incluso digo más, creo que ni nosotros sabemos muy bien lo que queremos decir cuando hablamos de derecho a vivir. El derecho a la vida es un logro de las sociedades modernas que debe mucho a la tradición judeocristiana, pero que lo aplicaron las sociedades ilustradas impulsadas por los derechos de ciudadanía. Ser ciudadano implica tener derecho a vivir y tener derecho a vivir implica tener derecho a nacer y a que nadie te arrebate la vida, al menos sin causa justificada. La reducción del derecho a vivir como mero derecho a nacer y la oposición al aborto desde posiciones que se dicen católicas, no es la verdadera tradición cristiana sobre el derecho a vivir. Lo que se defiende desde la perspectiva católica no es la vida meramente, es la persona.
La vida es una realidad instrumental para la persona, de ahí que cualquier persona pueda disponer de su vida entregándola por el bien de otros, como es el caso del martirio. Si la vivir fuese una obligación como católico, el martirio estaría prohibido. Da la sensación de que ciertas formas de defender el derecho a la vida parecen más una obligación a vivir de cualquier manera y en cualquier circunstancia. Como dijera el filósofo Eugene Fink, hay cuestiones en la vida por las que merece dar la vida y esas cuestiones son las que hacen que la vida merezca la pena. Los hijos, la propia dignidad e, incluso, la libertad, son elementos o valores a los que se supedita la vida como valor primero, aunque no principal.
Apostar hoy por la vida no puede quedar al margen de las circunstancias en las que vivimos, pero tampoco al margen de la realidad instrumental que es la vida. La vida debe ser defendida en su máxima expresión y con los niveles de dignidad adecuados. Para defender el derecho a la vida hay que proponer transformaciones sociales que garanticen una vida digna y un desarrollo personal adecuado. Por tanto, tendremos que hacer propuestas que defiendan a las personas y a la personas. A todas las personas y a la integridad de la persona. No se puede ser persona y vivir dignamente si no se poseen los medios para ello. Como explica Santo Tomás, los seres humanos hemos de cubrir nuestras necesidades de indigencia para poder llamarnos tales. Las necesidades de indigencia, según el aquinate, son la alimenación, el vestido, la habitación y la salud. Hoy, adaptando estas necesidades hablamos de alimentación, vivienda, sanidad, educación, cultura y comunicación. En esta misma línea de pensamiento, la Doctrina Social de la Iglesia afirma que la dignidad humana no puede ser una mercancía más dentro de la vida económica, de ahí que deban arbitrarse medidas que protejan a la persona de la mercantilización. Stephano Zamagni, el padre de la economía del Bien común y uno de los colaboradores de Caritas in Veritate, afirma que hay que dotar a las personas de medios para que no tengan que verse reducidos a mercancía, por ejemplo, sufragando las necesidades de indigencia que decía el aquinate mediante instrumentos públicos: educación, sanidad, cultura, vivienda y alimentación protegidos. Todo ser humano tiene derecho a tener cubiertas sus necesidades antes de entrar al mercado para vender su fuerza laboral, de lo contrario se verá obligado a venderse como mercancía por el precio que el mercado establezca.
Estos principios deben ser aplicados a las realidades concretas. Nuestra sociedad camina rápidamente hacia un modelo social que, como ha denunciado el Papa Francisco, expulsa a la marginación a amplias capas sociales, la economía del descarte. Millones de seres humanos en España están siendo descartados para el mercado, son carnaza para la producción de riqueza. Tenemos 500.000 personas que trabajan una hora a la semana y por ello no están en las listas de parados; 2 millones que trabajan menos de 15 horas y tampoco están en la lista de parados; 5 millones que tiene contratos con ínfimas condiciones que no les permiten superar la pobreza. En España, al calor de las políticas de la Troika que aplica con gusto el gobierno, estamos avanzando hacia la sociedad de los tres tercios que propugnara el neoliberlismo de Thatcher: un tercio que vive bien, otro que mal vive y otro que ni eso. Contra esta sociedad clama el Papa, la Doctrina Social, los Santos Padres de la Iglesia, los Evangelios y los profetas. No podemos permitir que siga generándose una sociedad de la muerte de los seres humanos, para ello hay que apoyar medidas que lo eviten y ahí debe estar la Iglesia Católica de España, obispos, sacerdotes, comunidades y católicos en general.Una de las propuestas que pueden ayudar a defender a la persona y a las personas y promover el derecho a la vida es la de la Renta Básica de ciudadanía. Sé que es una propuesta difícil y controvertida, sobre todo por la caricatura que de ella hacen los voceros de los poderosos. Se nos dice que es imposible pagar una renta a cada español, que sería injusto porque también Botín, Patricia, la debería cobrar, y otras sandeces por el estilo. El problema es que los que tienen el dinero, esos que no entrarán en el Reino según Jesús, saben muy bien las consecuencias de adoptar una medida así. Saben que la Renta Básica de ciudadanía es una forma de defender a la persona contra la mercantilización; de defender el derecho a vivir dignamente; de impedir que las personas se humillen ante imposiciones económicas que degradan su dignidad. Saben, en fin, que obligaría al Estado a tomar las riquezas injustas y repartirlas entre todos, y eso no les gusta.
Una Renta Básica de ciudadanía no es dar dinero a cambio de nada y permitir la holgazanería; es estructurar una sociedad de iguales donde se reconoce el derecho a vivir por el mero hecho de haber nacido, entendiendo que toda persona es sagrada y que su vida no puede estar determinada por la capacidad o incapacidad física, intelectual o social. Se trata de organizar el sistema fiscal para que los que obtienen rentas que superan un determinado porcentaje de la renta media (puede ser un 200%) contribuyan progresivamente con quienes no llegan a esa renta media. De esta manera, por poner el ejemplo de los Botín, si su renta supera en el 10.000% la renta media, otorgarían parte de ese plus de renta a aquellas personas que no llegan a la renta media hasta una cantidad límite. Un parado sin prestación y con hijos a cargo debería percibir una renta básica de 900 euros, mientras un jubilado sin cargas familiares debería llegar a los 650. Como se ve, no es un medio para enriquecer a otros, es un medio para hacer efectiva la caridad entre los ciudadanos, de forma que los tienen colaboran con los que no de forma organizada, nada distinto a lo que hace Cáritas, pero organizado por el Estado.
Es falso que costaría mucho dinero al Estado y que es imposible. Con los datos disponibles, necesitarían percibir Renta Básica unas 5 millones de unidades familiares, 1 millón que no ingresan nada y 4 millones que no llegan a la renta media (Cf. INE). Por el otro lado, hay 1 millón de familias que superan en mucho la renta media y 3.000 de ellas son los megarricos que deberían colaborar con ingentes cantidades. El coste económico de esta medida, unos 30.000 millones, podría ser sufragado por las rentas muy altas. Se trataría de una simple y pura transferencia de renta, que no solo no afecta negativamente a la economía, sino que la beneficia, pues esos 30.000 millones en manos de los muy ricos están ociosos, mientras que puestos en manos de los que lo necesitan se inyectan inmediatamente en la economía vía consumo y hacen crecer el empleo.
La Renta Básica de ciudadanía es una propuesta que expresa en términos políticos y sociales las inquietudes de la Doctrina Social de la Iglesia, expresadas nítidamente por el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, traduce la caridad como virtud teologal en el corpus social, ayuda a implementar el Bien común, motor principal del Magisterio social y ayuda a frenar una deriva antihumana en las sociedades actuales. Por todo ello, los católicos podemos y debemos apoyar esta medida, aplicada de forma inteligente y organizada. La Conferencia Episcopal Española debería estudiar la propuesta y alentar su aplicación como medio para defender la vida y promover el Bien común.
