Los colectivos Convivir sin Racismo, Murcia Acoge, SOS Racismo y A Desalambrar convocan una concentración el próximo 18 de diciembre en la Plaza de Santo Domingo de Murcia
Fuente: CONVIVIR SIN RACISMO / Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son instalaciones policiales donde se retiene a los extranjeros que van a ser expulsados del país, durante un máximo de 60 días, según lo previsto en la Ley de Extranjería. Existen desde los años noventa y actualmente el Ministerio del Interior dispone de ocho  CIE en funcionamiento (Madrid, Barcelona, Valencia, Hendaya, Murcia, Algeciras-Tarifa, Las Palmas y Tenerife)   tras los recientes cierres de los centros de Fuerteventura (por desocupación) y de Málaga, en junio (por su insostenible estado arquitectónico). 
Los CIE han sido siempre un agujero negro en nuestra sociedad, lugares donde se vulneraban cotidianamente los derechos humanos de las personas allí internadas, la mayor parte de las cuales no han cometido otro delito que el no tener autorización para residir en España o haberla perdido.
Estos centros se rigen por un reglamento de 1999 y desde 2009, con la aprobación de la vigente Ley de Extranjería, se esperaba la redacción de un nuevo reglamento. Después de muchos años de trabajo, más de trescientas asociaciones agrupadas en la campaña «Que el derecho no se detenga a la puerta de los CIE” vienen exigiendo desde 2011 que dicho reglamento acabe con la situación de vulneración de derechos humanos, situaciones de malos tratos y muertes, deficiente atención sanitaria y oscurantismo que se dan en esos centros. No han sido sólo las asociaciones civiles las que vienen protestando hace décadas por la situación en los CIE, sino que en 2012 hemos visto como hacían pronunciamientos críticos el Consejo General de la Abogacía, diversos sectores judiciales y de la fiscalía o sindicatos policiales como el SUP. No sólo críticas en nuestro país, sino que España ha sido condenada, sólo en este año, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en abril, por un caso en el CIE de Murcia, o por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en octubre, por otro caso en el CIE de Madrid.
En junio se dio a conocer el borrador del nuevo proyecto de reglamento del Ministerio de Interior, en el que pese a las múltiples recomendaciones de diversos sectores sociales, vuelve a hacer cambios cosméticos. Por ejemplo, cambia el nombre de CIE por el eufemismo Centros de Estancia Controlada de Extranjeros (CECE). Mientras mantiene el sistema de funcionamiento y vuelve a primar las cuestiones de control y seguridad, en detrimento de las condiciones de vida y derechos de los internos, que se ven apenas desarrollados. El Ministerio pretende que la dirección del centro siga en manos de la Policía Nacional, frente a la petición de las ONG de que su gestión pasara a manos de Asuntos Sociales. Además, el director gozaría de prerrogativas sobre aspectos que van más allá de las de seguridad policial y que incidirían sobre las condiciones de vida o las posibilidades de defensa o queja de las personas internas. Estas no contarían tampoco con un servicio garantizado de intérpretes y verían restringidas sus posibilidades de visita de familiares a sólo dos días semanales. Al tiempo, se dificultaría el acceso de ONG, sujeto a autorización previa gubernativa.
El CIE de Murcia, desde los noventa hasta 2008, ha sido un ejemplo más de esta serie de hechos condenables: desde expulsiones sumarias a suicidios y denuncias de malos tratos. Ha recibido críticas en varias ocasiones del Defensor del Pueblo en sus informes anuales. En él se ha obstaculizado la labor de los abogados defensores e impedido el acceso a las ONG que lo han demandado en varias ocasiones. Por sus evidentes deficiencias, materiales y organizativas, fue cerrado en 2008 y volvió a abrir en 2010. A pesar de su reconstrucción y ampliación, de 60 a 148 plazas, las principales deficiencias criticadas siguen sin resolver y ya ha continuado recibiendo señalamientos críticos en el informe de 2011 de la Defensora del Pueblo.
Mientras los CIE sigan siendo una realidad opaca a los ojos de la sociedad, se seguirán dando las condiciones para la arbitrariedad y el no respeto a los derechos humanos que hemos venido denunciando. No podemos cerrar los ojos ante esta injusticia. Los derechos humanos deben estar garantizados para todas las personas y la privación de libertad es completamente desproporcionada frente a la falta de autorización de residencia. Por eso exigimos que dichos centros sean cerrados.
Manifestamos que la consecuencia de esta situación está en la apuesta por construir una “Europa fortaleza”, una política basada en el blindaje de fronteras, control marítimo, expulsiones, etc.…, invirtiendo decenas de millones en la Agencia Europea para el control de las Fronteras (FRONTEX), de los que ya conocemos el resultado: dejan a miles de personas en situación irregular; favorecen el tráfico ilegal de personas; y provocan la tragedia de más muertes en el mar.
Hoy 18 de Diciembre, Día Internacional del Migrante, las organizaciones sociales A Desalambrar, Convivir sin Racismo, Murcia Acoge y SOS Racismo, exigimos el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, el cese de las detenciones preventivas y controles selectivos hacia la población inmigrante y el final de una política europea de fronteras que favorece el tráfico de personas y empuja a la tragedia de más muertes en el mar. Y reclamamos la firma y ratificación de la Convención Internacional para los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias.
CIErralos

Convivir sin Racismo,  Murcia Acoge, A Desalambrar, SOS Racismo

18 de diciembre 2012