Imagen tomada en http://radio.uchile.cl/

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Por JUAN GARCÍA CASELLES / Palabreja esta que últimamente se está poniendo de moda y que viene a significar la costumbre del Gobierno de resolver los asuntos políticos en los tribunales, lo que, así, a primera vista, parece una maniobra sucia y ruin de los peperos. No es que los del PP no acostumbren a utilizar cualquier treta con tal de mantenerse en el poder, que lo hacen cuando pueden y cuando no (como, por lo demás, suele ocurrir con la mayor parte de los políticos),sino que la cosa no es tan exactamente así, como se verá.

En una sociedad democrática en la que funciona un estado de derecho (de lo de estado social de derecho más vale que os olvidéis), existe la división de poderes, a saber, legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Qué hace el poder legislativo? Hace política. ¿Y el ejecutivo? Hace política. ¿Y el judicial? Pues lo mismo. Eso sí, cada uno de manera distinta. El poder judicial es el encargado de dictaminar con arreglo a la ley (que es una norma políticamente instituida) lo que es conforme o no con las normas políticas (leyes, decretos, reglamentos, órdenes ministeriales, etc.). Todas las actividades relacionadas con el poder político son políticas, sin excepción..

Cuando el estado es totalitario ocurre aquello que dicen que dijo Stalin: “En Rusia, cuando un árbol crece, eso es política. Y si deja de crecer, también es política”. Pero en una sociedad como la nuestra con economía capitalista y democracia política, ya no es así y solo es político lo que hace referencia al poder político.
Naturalmente, el poder económico queda en su mayor parte fuera de lo dicho y se ejerce por otros cauces, aunque se acude al poder político, incluido el judicial, cuando les es necesario.

El poder judicial es la punta de la espada del poder todo y toda la política seria un juego infantil si las leyes pudieran dejar de cumplirse así por las buenas, o porque un determinado número de personas creyera que podría hacerlo sin que ello tuviera consecuencias.

Imaginemos que Cataluña se constituye en estado independiente. ¿Permitiría la Repúlica Catalana que el Maresme se hiciera independiente invocando su derecho a decidir? ¿O que el Baix Ebre decidiera unirse a la Comunitat Valenciana porque les resultara económicamente beneficioso por pagar menos impuestos? ¿No acudirían a los tribunales para que la política del “poble catalá” expresada en leyes legítimamente aprobadas por los órganos democráticos fuera respetada y obedecida? ¿Alguien pretendería que las acciones de los políticos individuales o de los órganos de gobierno no estuvieran sometidos a la judicatura?

Lo cual no quita para que uno sea consciente de quienes son los representantes del poder judicial (que pasó de la dictadura a la democracia como si nunca hubieran roto un plato) y de quienes son los que siguen gobernando España precisamente con el apoyo tácito de muchos de los que les acusan de judicializar.

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