El encuentro anual de la Campaña Estatal por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros y el Fin de las Deportaciones se celebrado en Murcia este fin de semana y ha puesto su foco en los centros de privación de libertad de personas migradas
Imágenes de la protesta celebrada el domin go 9 de diciembre ante el CIE de Sangonera la Verde.
Por REDACCIÓN / El Encuentro estatal por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros y el Fin de las Deportaciones se ha realizado en Murcia entre los días 7 y 9 de diciembre, organizado por Convivir Sin Racismo. Ha contando con la participación de Stop Deportación, Tanquem els CIE, CIEs No Granada y CIE No València. Por octavo año consecutivo la Campaña Estatal se reúne para compartir información sobre su trabajo de observación y denuncia, así como coordinar acciones que se desarrollarán durante el 2019.
A lo largo de este año se ha detectado que la situación se ha agravado: los datos y observaciones evidencian cómo los mecanismos de control migratorio trascienden los propios CIE. Los Centros de Acogida Temporal para Extranjeros (CATE), que no son sino meras extensiones de los calabozos policiales, se comienzan a extender por el sur de España, presentándose como políticas de acogida para personas migradas, cuando en realidad son un mecanismo más del sistema represivo de control y expulsión de seres humanos.
Por otro lado, en el encuentro se ha compartido la preocupación por la situación que viven los niños, niñas y adolescentes que emprenden un viaje migratorio. Se constata el incumplimiento sistemático de las medidas de protección de la infancia y adolescencia, supuestamente garantizadas en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Niña. La violencia institucional no solo (des)protege, sino que separa familias y provoca desarraigo.
En este encuentro se ha compartido también la preocupación por el incumplimiento en todo el territorio de las garantías mínimas en la protección de la infancia y de la adolescencia.
Esta situación es todavía más angustiosa en los casos de niños y adolescentes no acompañados. Desde todas las organizaciones preocupa el aumento de adolescentes privados de libertad en los CIE. El hecho de que algunos hayan podido demostrar que son menores y hayan sido trasladados a centros de acogida tras muchos días de internamiento, demuestra que se incumple la ley encerrando a menores en los CIE. Sin embargo, otros muchos son expulsados sin esperar a terminar el proceso de determinación de edad. Hemos comprobado que las partidas de nacimiento que algunos aportan como prueba son rechazadas sistemáticamente. Para determinar su edad se llevan a cabo pruebas denigrantes e intrusivas como son los desnudos integrales para su exploración o la radiografía de la muñeca. Estas pruebas radiológicas de desarrollo del carpo, con un margen de error de dos años, son declaradas totalmente inconcluyentes por el Defensor del Pueblo y diversos organismos internacionales.
La campaña estatal CIEs NO revindica que se respeten los derechos de niños y adolescentes y que en ningún caso sean encerrados en un centro de internamiento.
Aunque por las declaraciones iniciales del nuevo Gobierno pudiera parecer que habría un giro en la política migratoria, los hechos demuestran que, más allá de meras acciones propagandísticas, siguen produciéndose graves vulneraciones de derechos hacia las personas migrantes: devoluciones en caliente, deportaciones exprés, internamiento en los CIE, detención en los CATE, redadas por perfil étnico y todas las demás formas de criminalización de las personas migrantes.
Por todo ello, la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y el Fin de las Deportaciones exige:
- Poner fin a los espacios de detención y privación de libertad de las personas migrantes, actualmente disfrazados como un sistema de primera atención.
- Que ante la sospecha de la minoría de edad, los organismos competentes de protección de la infancia y la adolescencia se hagan cargo del adolescente, salvaguardando su integridad y velando por sus derechos en todo momento.
- Que el Gobierno abandone su política de criminalización y vulneración de los derechos de las personas migrantes y apueste por un sistema basado en la defensa universal de los derechos humanos, civiles y políticos.
- El cierre de los CIE y de todos los centros de detención y privación de libertad de personas migrantes y el fin de las deportaciones.
