Por JUAN GARCÍA CASELLES | Hoy hablan todos de la independencia del poder judicial, pero no nos dicen de quién hay que ser independientes. No nos pase como con “El País”, que es un diario independiente de la mañana, pero que no nos aclara si también lo es respecto a la tarde o a la noche, o respecto a otras cosas por lo general innombrables.

Ocurre que en nuestro país el poder judicial ha sido controlado y detentado por la derecha política o económica desde tiempos inmemoriales.  Vino la democracia y nuestra gloriosísima transición y los jueces en su totalidad transitaron por ella sin mancha, limpios, impolutos y virginales como si nada de lo ocurrido con la represión franquista jamás hubiera ocurrido. Y todo siguió tal cual.

Su independencia respecto al poder económico quedó claramente al descubierto con dos célebres casos: Uno el de la doctrina Botín y otro el del juez Garzón, por haberse atrevido a tocar las sagradas pesetas de los peperos y sus empresarios protectores. Eso sin contar el proceso a Jordi Pujol, que no se termina nunca porque consiste en esperar a que se muera para darle carpetazo al asunto.

Y ahora la independencia del poder judicial consiste fundamentalmente en evitar a toda costa que caiga bajo la influencia de los malvados rojillos que pretenden con malas artes dejar a los honrados hombres y mujeres de derechas de toda la vida sin su más útil tesoro (después de los euros y el poder) que es el monopolio sobre los tribunales que han heredado de sus progenitores y al que tienen perfecto derecho de propiedad más allá de lo que digan algunos erróneos artículos de la constitución, exactamente con el mismo derecho con el que las nacionalidades históricas tienen también sus privilegios declarados por los antiguos fueros. Por eso pelean con todo tipo de armas y afirman que así seguirán por los siglos de los siglos. Y por si había alguna duda, han votado en el parlamento europeo en contra de la condena a Hungría y Polonia precisamente por atacar la independencia judicial apartándose del Partido Popular Europeo que, salvo los españoles, ha votado a favor de la condena.

Por lo demás, idoneidad para un cargo es cumplir con los requisitos legalmente exigidos. Para los que piensen de otra manera, la mejor forma de  demostrar que tienen razón es precisamente dimitir sin más historias. Cualquier otra cosa es hipocresía. ¿Porque alguien se cree que si el PP los protege es por otra cosa que porque le sirven (y además al capital)?

Todo esto no quita para que se reconozca otra realidad, las de los muchísimos profesionales de la judicatura que se dejan el pellejo por hacer justicia. Como es el caso del Juez Marchena, que no solo renunció a la presidencia del poder judicial, sino que, además, tuvo una ejecutoria ejemplar en el más afamado de nuestros juicios, el del procés.

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